Declaración Pública
Las organizaciones de la Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales convocantes de la Marcha conmemorativa del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y las agrupaciones y personas abajo firmantes manifestamos a la opinión pública lo siguiente:
Lamentamos profundamente el asesinato del joven Alonso Verdejo por parte de una persona que se identificó como un “contramarcha”. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia por tan lamentable pérdida. Asimismo, manifestamos nuestra indignación por las agresiones policiales que afectaron a los y las participantes del funeral de Alonso.
Este asesinato cobarde golpea fuerte el profundo sentido humano que sustenta la marcha de las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que renovaron su compromiso de búsqueda de la verdad, la justica, la reparación integral y las garantías de no repetición, rindiendo homenaje a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero a la vez reafirma con más fuerza nuestra lucha permanente e intransable.
Denunciamos la desmedida, innecesaria y brutal intervención policial que impidió la finalización normal de la marcha obligando a miles de participantes a buscar refugio dentro del Cementerio General, lugar que, a su vez, fue profanado por las fuerzas policiales. Sin embargo y de manera incomprensible, el accionar policial, con una gran cantidad de efectivos desplegados, no impidió el accionar violento de este hombre “contramarchas”, que derivó en la muerte de Alonso.
Mención especial merece la provocación policial en el escenario montado a la altura de la puerta de acceso al Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político del Cementerio General. La irrupción de vehículos policiales encabezados por un carro lanzaguas puso en peligro el escenario y a las personas que se encontraban en él. Esta acción fue contenida por los participantes en la actividad, en su mayoría familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos conjuntamente con activistas de derechos humanos, situación en la que fue agredida Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y tres personas más, quienes debieron ser atendidos en el SAR de Recoleta. Esta acción represiva merece nuestro rechazo más absoluto.
No guardaremos silencio ante la brutalidad policial que se repite una y otra vez bajo la supervisión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La responsabilidad de lo sucedido en la Romería al Cementerio General recae en las autoridades políticas —la Ministra del Interior, Carolina Tohá; el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el Presidente Gabriel Boric Font; y toda la cadena de mando de la institución de Carabineros de Chile.
Tampoco guardaremos silencio ante el negacionismo y la relativización que la derecha pretende instalar respecto a los crímenes perpetrados por la dictadura civil militar. Lo ocurrido en la cámara de diputados el mismo 11 de septiembre es inaceptable y debe ser condenado por la sociedad en su conjunto.
Finalmente, ante este panorama reafirmamos nuestra exigencia de una reforma profunda de la institución policial y exigimos la renuncia inmediata del General Director, Ricardo Yáñez, a quien consideramos responsable directo de la permanente trasgresión al respeto a los derechos humanos y a la plena vigencia del estado de derecho por parte de los funcionarios de la institución.
Ninguna democracia se puede levantar ni mantener, sin terminar primero con tanta impunidad.
