lunes, 29 de agosto de 2022

No usemos la CAM con fines políticos

Conflicto mapuche: opciones de solución para no seguir perdiendo el tiempo 


Ricardo Candia Cares

Que la ministra del Interior pida que no se utilice la detención de Héctor Llaitul con fines políticos la refiere a una ingenuidad magnífica: esa detención en tiempo, forma y fundamento es una acción plenamente política, que se sitúa en un momento político de excepción y es impulsada, además, por sujetos anclados en la política.

¿Sabía la ministra de esa operación que terminó con Llaitul sin terminar su almuerzo?

Se ha dicho que la orden de detención nace en una querella interpuesta contra Llaitul hace dos años.

¿Habrá que creer que luego de todo ese tiempo, precisamente ahora a días del evento electoral cuya trascendencia es solo comparable con la elección de Salvador Allende, se completan las pruebas necesarias para esa detención?

Afirmados en una supuesta independencia de las instituciones policiales y judiciales se afirma que el gobierno no tiene por qué saber ni ordenar una detención como esa.

Pero como saben hasta las piedras en este país, esa supuesta independencia no existe ni ha existido jamás: los tribunales y las policías han sido, desde que el tiempo es tiempo, herramientas de los poderosos para perseguir, reprimir y castigar al patipeladaje.

Recordemos que la energía inicial del gobierno por la vía de su ministra de Interior fue disponerse a un arranque decisivo para enfrentar in situ lo que de común se llama “el conflicto mapuche”.
Los resultados fueron más que lamentables.

Y si en el principio de los tiempos se proponía un acercamiento buena onda a las comunidades con la peregrina idea de que por esa vía se podía desactivar un conflicto que tiene 160 años, luego de comprobar que la cosa es un pelito más compleja, se retomó la vía histórica impuesta por El Mercurio del siglo 19 y ejecutada por Cornelio Saavedra y sus muchachos.

Poco ha cambiado en términos de los protagonistas en más de medio siglo, salvo sus nombres.

El mapuche ha sido combatido con todas las armas posibles desde que los poderosos del siglo XIX quisieron hacerse de las feraces tierras del sur del Biobio.

Una primera arma, tal útil que aún hoy se utiliza con encomiable entusiasmo, ha sido la mentira. Sin prisa, pero sin pausa, los poderosos han instalado la idea de un mapuche que no es: borracho, flojo, violento, bárbaro.

Luego vino el fusil Spencer, las Notarías y las agencias del Estado.
Durante muchos años se combatió lo mapuche mediante la escuela y especialmente a través de la religión. Temuco fue en un momento la zona en que más entidades religiosas hubo en el país y una enorme cantidad de organismos tales como el Cuerpo de Paz y el Instituto Lingüístico de Verano, un organismo de la CIA desplegado en toda América Latina.

Durante la dictadura se impulsó una muy poderosa, imaginativa y feroz arma: la plantaciones masiva de pinos y eucaliptos, pagadas por el Estado.

Conocedores de la relación que existe entre el mapuche y su tierra, los poderosos arrasaron  ya no con el napalm del Vietnam, sino mediante el agotamiento de esa tierra y de esa agua con plantaciones artificiales que liquidó en cuarenta años la posibilidad de cultivar ni un rábano.

De tiempo en tiempo, personas con buenas intenciones se interesan por meterle mano a aquello que runrunea en el sur del país.

Normalmente esta gente se ha tropezado con un problema casi insalvable: no saben bien de qué se trata y el conocimiento que traen a priori es la que se origina en la trampa que han hecho los poderosos, sus intelectuales y por cierto los militares.

Desde el lenguaje que trampea la realidad, hasta las operaciones clandestinas que buscan incriminar al mapuche de delitos, los poderosos no se han medido en medios ni imaginación con la idea de exterminar un pueblo que le ha jodido la pita a la república desde su nacimiento.

Vea que al wallmapu se le llama macrozona, concepto de evidente origen militar, pero que es repetido por gente que dice peñi y lamngen.

En el día de ayer la ministra Siches informó oficial y escuetamente de la detención de Héctor Llaitul.

No parecía precisamente contenta con ese logro magnífico de las policías y de la inteligencia por lo que se puede suponer que no sabía que en Cañete se fraguaba una operación que le daría más de un dolor de cabeza.

Este evento pasará. Pasará el plebiscito. Habrá o no una nueva constitución. El mundo seguirá andando. Pero, como ha venido pasado en más de siglo y medio, desde el punto de vista del mapuche, no va a pasar nada.

La cosa es clara: no hay más que dos opciones viables para terminar de una vez por todas con el problema/conflicto mapuche: una, expulsar a las forestales que han asesinado el suelo y usurpado centenares de miles de hectáreas, impulsando un proceso de autonomía y reivindicación histórica y asegurar el derecho a existir como mapuche.

Y si esto resultara muy complejo, siempre estará al alcance de la mano la opción dos:  sincerar las cosas y desplegar un par de escuadrillas de F 16 seguidas por la incursión de varios pelotones de tanques Leopard para poner las cosas en el lugar que corresponde.

Todo lo demás es perder el tiempo.

Para informarte.com

https://www.facebook.com/1924011577890831/posts/pfbid02PrbaMY87MsZcnQhTwUnxSsc2ucMcunX2b4Znxs3k5RqoMs9rqyek2QencbBTz88Fl/

sábado, 27 de agosto de 2022

La guerra interna del Wallmapu


Reportaje
La CAM Coordinadora Arauco Malleco… Resistencia o Terrorismo
Por Víctor Villagra 


El pasado 24 de agosto de 2022, la PDI realizó el arresto del vocero de la CAM Sr. Héctor Llaitul, por los cargos de terrorismo, robo de madera y usurpación de tierras, tras el avance del proceso iniciado en la querella contra la CAM y su Werquen, en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En declaración posterior de la Coordinadora Arauco Malleco, reprocha detención de Héctor Llaitul indicando que la detención de su vocero "busca amedrentar" su proyecto político-estratégico. Además, llamaron a continuar "con la resistencia y sabotajes en contra, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera".  
En el comunicado, la CAM también emitió críticas contra el Gobierno de Gabriel Boric apuntando que la administración "pseudo izquierdista" da continuidad a lo que fue la Concertación y que, como ha venido ocurriendo hasta la actualidad, se ponen al servicio "de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche".
Termina el comunicado indicando que "Todo esto también de la mano del Partido Comunista, quienes increíblemente han respaldado la presencia de militares en el Wallmapu y permitido operaciones políticas de esta índole en contra del movimiento mapuche autonomista, como la llevada a cabo el día de hoy", criticando "la designación de operadores políticos de inteligencia como lo son  Manuel Monsalve (subsecretario del Interior), Humberto Toro  (delegado presidencial provincial de Arauco) y demás personas en su gabinete que vienen de la formación de Mahmud Aleuy (ex subsecretario del Interior)" que continúan con las acciones violentas contra el pueblo originario en la lógica de la Guerra Interna contra la Nación Mapuche.

DESARROLLO DE UN HISTORICO CONFLICTO  
En el año 1996 una parte de la nación mapuche levantó la Coordinadora Territorial Lafkenche, esperanzados en la solución al problema del despojo de tierras que, por dos siglos, el Estado chileno ha venido realizando en los territorios ancestrales, para entregárselos a empresarios privados nacionales y extranjeros. Dos años más tarde, se reavivó el conflicto en Traiguén, lo que derivó en un encuentro de comunidades declaradas en conflicto, de Arauco y Lumaco junto a la Coordinadora Mapuche y la Organización Mapuche Meli-Wixan-Mapu de Santiago, para la realización de un guillatun o rogativa mapuche, en donde se sumaron dirigentes pertenecientes a comunidades de Collipulli. Durante el encuentro, "los Lonko, Werken, personas y organizaciones que habían demostrado su compromiso con la lucha reivindicativa, aprobaron unánimemente la formación de la coordinadora que denominaron, "Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco" y se planteó la idea de realizar una nueva junta en Tranaquepe, sólo con las comunidades mapuches en conflicto.
Una de las primeras declaraciones emanadas por la naciente organización, señaló que "es necesario emprender una lucha de liberación. Pero para que ello sea posible es necesario primero crear una correlación de fuerzas que se exprese en lo social, político, cultural, económico y militar... Si a futuro no se producen los cambios necesarios respecto de un Estado que nosotros denominamos opresor, tendrá lugar necesariamente una etapa de liberación nacional y esto es en el plano político, cultural, económico y también en el plano militar" y señalaba que, de 2.200 comunidades indígenas repartidas por el sur, 200 mantienen un conflicto con el Gobierno y las empresas forestales y agrícolas, en demanda de las tierras que pertenecieron a sus ancestros, acusando además, a las transnacionales de "colonialistas". Posteriormente la organización integrada y nutrida ideológicamente por las sucesivas generaciones de antiguos estudiantes formados al alero del Hogar Pegún Dugún de Concepción. Según el historiador Fernando Pairican, “este espacio fue formado a inicios de la Transición chilena a la democracia y, además de dar cobijo a estudiantes de las provincias de Arauco y Malleco, actuó como un espacio de encuentro y, en ocasiones, de radicalización, a partir de las experiencias compartidas por sus residentes” fue autodenominada como “La CAM”.
Iniciado el siglo 21, la Coordinadora Mapuche de Santiago se escindió de la CAM y en marzo de 2001, Meli Wixan Mapu solicitó un receso para reincorporarse en octubre del mismo año. En la década inicial, producto de sus actividades propagandistas, reivindicativas y de resistencia a la persecución de sus miembros y la represión de Estado efectuada por la recien creada fuerza policial “COBRA” formada en Colombia para la Región del Walmapu, producto de supuestos “informes de inteligencia” entregados por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que indicaban lazos extensos con organizaciones guerrilleras de la región latinoamericana.  Los sucesivos gobiernos de la Concertación se hicieron parte de las demandas de las forestales, por lo que el fiscal Emiliano Arias investigó estos supuestos vínculos, señalando que miembros de la CAM entrenaron en campamentos de las FARC y aunque su vocero, Héctor Llaitul fue militante de las juventudes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y posteriormente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), no existe evidencia que vincule en la actualidad a la CAM con estas organizaciones, por lo que las vinculaciones entre las FARC y la CAM fueron catalogadas como falsas.  
En la década inicial, la CAM ha sido acusada a la justicia por las  Empresas Forestales y particulares, de efectuar acciones y operaciones de terrorismo incluyendo denuncia de conformar una asociación ilícita y, producto de estas acusaciones, en el gobierno de Ricardo Lagos, se implementó un operativo de inteligencia a cargo del Comando Policial Cobra, con un gran contingente policial y una cobertura mediática en torno a una “operación antiterrorista”, siendo su objetivo desarticular a los cuadros más activos de las CAM, procediendo a encarcelar y procesar bajo la Ley antiterrorista, a algunos de sus miembros que desarrollaban actividades políticas, conducentes a la autonomía de las comunidades; los primeros arrestados fueron Aniceto Norin, Pascual Pichun y Juan Ciriaco Millacheo, los cuales fueron acusados por los fiscales pidiendo diez años de prisión por el cargo de "incendio terrorista", siendo liberados por falta de pruebas meses después, además los juicios contra Loncos y Machis continuaron por solidarizar con las muertes de varios activistas mapuches como, Alex Lemun de 17 años en 2002, Julio Huentecura de 30 años en 2004, Matias Catrileo de 23 años en 2008 y Jose Mendoza Collio de 24 años en 2009, producto de las operaciones represivas policiales y montajes del COBRA.
Dicha operación, recibió un amplio apoyo económico por parte de las autoridades chilenas, implementando supuestos programas sociales en comunidades, así como un aumento en los allanamientos, procesos a dirigentes y el abuso en la aplicación de la ley antiterrorista contra las comunidades en conflicto, enfrentadas en gran medida contra los dueños de los fundos y las forestales presentes en la zona. La organización exigió el fin de la represión contra su pueblo, llegando a reivindicar atentados contra las Empresas Forestales en las fechas que fueron asesinados dichos activistas. Finalmente, producto de la propaganda mediática sobre la violencia y las diferencias en el diagnóstico sobre la situación de las movilizaciones mapuche, la Organización Meli Wixan Mapu se distanció de la CAM. Todo esto alarmó a organizaciones extranjeras como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, quienes llamaron a las autoridades a replantear su estrategia.
Después del desprestigio del Comando Cobra por los montajes y las represivas operaciones de inteligencia, sobrevino un periodo de inactividad por la fractura de la Coordinadora, pero se siguió realizando ataques contra la infraestructura de empresas agrícolas y Forestal Mininco, siendo resaltado mediáticamente un sospechoso ataque a un complejo turístico ubicado en la Laguna Batuco de Tirúa, pertenecientes a la entonces gobernadora de la Provincia de Arauco, Flor Weisse.
Otros actos como en diciembre del 2011, donde un grupo desconocido de guerrilleros prendió fuego a un helicóptero, junto a maquinaria y un camión, en un campamento del servicio forestal que se encontraba en el sector de Voyeko cercano a Temuco, donde dejaron propaganda en referencia a la lucha por recuperar tierras ancestrales... Asi como acciones de aparecidos militantes de la O.R.T que incendiaron maquinarias en una faena de forestal Mininco, ubicada en el fundo “el puerto” sector Mahuilque, de la Municipalidad de Contulmo, o en la Municipalidad de Cañete, donde desconocidos asesinan a tiros, al campesino Osvaldo Zapata Gutiérrez, junto con incendiar el lugar donde trabajaba; horas después de estos hechos, la O.R.T negó ser autores del atentado, declarando que, “el campesinado chileno no es ni será un objetivo para las ORT-CAM, es más, los consideramos ideológicamente un sector también oprimido por el sistema político económico imperante, por tanto, tenemos un enemigo ideológico en común", deslindándose así de los ataques ocurridos en la zona.  
Después sobrevino un periodo de inactividad que duró varios años, donde la organización orientó su actividad en el apoyo a los presos mapuches.
  
VOCERIA DE HÉCTOR LLAITUL
En junio del 2015, se realiza una ceremonia en el auditorio del Colegio jesuita San Ignacio, de Santiago de Chile, donde la Comisión de Ética Contra la Tortura hizo entrega de un reconocimiento como a uno de los principales luchadores sociales del período, al líder mapuche, Héctor Llaitul Carrillanca, miembro fundador y voz de la combatiente Coordinadora Arauco Malleco, CAM. Entre los asistentes, se encontraba el Doctor en Historia, Sergio Grez y la figura señera del sacerdote jesuita, José Aldunate. 
En una posterior entrevista, Llaitul declaró, “Si queremos soberanía, territorio y autonomía, nuestra lucha debe confrontar directamente al Estado capitalista”. Consultado por la situación del pueblo Mapuche, agregó que, ligado al “We tripantu que dice relación con un período específico, tal vez el más importante para los mapuche en el ámbito cosmo-visionario y cultural” aseguro que “ofrece más elementos para fortalecer las matrices de nuestro sistema de ideas” que “proviene todo nuestro planteamiento como mapuche autonomistas y revolucionarios.” Después de la extensa entrevista, concluyó indicando que, “en el proceso de buscar nuestra independencia política e ideológica, estamos construyendo un pensamiento nuestro para desde allí potenciar nuestra liberación. Hace rato que estamos diciendo que no vamos a seguir ligados a otros paradigmas, sino que vamos a recuperar lo que ancestralmente nuestros antepasados nos legaron. Hasta ahora esa herencia permanece vigente para la batalla por nuestros derechos. Nuestros antiguos adalides tenían esa concepción y lucharon en todos los ámbitos junto a su pueblo.”
No fue hasta enero de 2017 que la CAM se adjudicó el incendio de cuatro camiones en las afueras de la comuna de Lumaco en la Región de Bío Bío, además de mostrar simpatía por los miembros de la organización Resistencia Ancestral Mapuche.
Meses después en marzo, se registró un ataque en contra de la empresa Trans–Cavalieri, en la ruta que une a Temuco con Lautaro, acción incendiaria que destruyó completamente camiones, rampas y un galpón. El grupo justifico el atentado guerrillero indicando que fue realizado "en el justo proceso de lucha ideológica por el territorio y la autonomía de nuestro pueblo-nación", acción que despertó una gran atención mediática, por ser uno de los atentados que más daños ha dejado. Siguieron acciones como el ataque incendiario contra las instalaciones de Forestal Anchile, en la comuna de Río Negro, el ataque incendiario contra una máquina cosechera y una camioneta, en un fundo de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno, así como el ataque fundo San Antonio de la forestal Arauco en el sector Hueima, comuna de Lanco, Región de Los Ríos.
Entre todos estos ataques, la CAM se adjudicó solo la toma del Fundo Choque del sector Paillaco, compuesto de más de 10.000 hectáreas de terreno, mencionando que el área la usaran con fines políticos y sociales.  
En agosto del 2018 miembros de la ORT Kilapan irrumpieron en las instalaciones de la empresa de áridos Calafquen para incendiar maquinaria, mientras que la ORT lafkenche-Leftraru atacaron el sector El Topo de la comuna de Curanilahue. En septiembre del mismo año la CAM se adjudica un atentado incendiario en el sector Trongol de la comuna de Los Alamos, dejando excavadoras, retroexcavadora y un cargador frontal incinerados; semanas más tarde se adjudicaron un ataque en el sector El Descabezado  donde el grupo mencionó que el ataque fue en respuesta de la muerte de Camilo Catrillanca, así como su rechazo a la inversión en el Wallmapu y otros planes de “desarrollo” en la región, llamando a las comunidades mapuches "no caer en el engaño" que se traduce en “represión a las comunidades mapuche”.
En el 2019 la persecución judicial fue dirigida al hijo de Héctor Llaitul, quien fue acusado por el delito de robo con intimidación en el comercio. Su madre, Pamela Pezoa, acusó a través de redes sociales que fue detenido por “policías” de civil, sin identificación y en una camioneta sin patente, por lo que no descartaban una persecución política contra la familia del activista. Meses después fue liberado y en Temuco, en julio de 2021, mapuexpress.org publicó “un repentino vuelco ha tenido la información respecto a los hechos ocurridos en Carahue este viernes. Luego que la Fiscalía y diversos dirigentes mapuches señalaran que el fallecido era Ernesto Llaitul Pezoa, su padre, Hector Llaitul, luego de ir a reconocer a la victima, negó que fuera su hijo”; en una declaración posterior a Mapuexpress el vocero de la CAM indica lo siguiente: “Hay que hacer una aclaratoria categórica. No sé con qué intencionalidad se difundió desde carabineros el nombre de mi hijo Ernesto. Yo personalmente acudí con la pareja de «Nano» al lugar de los enfrentamientos y constatamos que se trata de un destacado weichafe Pablo Marchant y no mi hijo Ernesto. Esta confusión quizás también pudo darse porque el peñi tiene impactos en el rostro o bien se lo desfiguraron, no sabemos bien que pasó”.
El movimiento insurreccional de Plaza Dignidad sorprendió al gobierno de Sebastián Piñera y la cobertura mediática se diluyó en cuanto a la "violencia de la Araucanía" pasando a la "guerra contra el enemigo poderoso" que todos los viernes del año 2019 ponía en jaque a la policía nacional, que reprimió con saña dejando tuertos y ciegos a los jóvenes de primera línea, y más de una muerte en manos del ejército que volvió a las calles por disposición del gobierno... La CAM respaldó “el legítimo derecho a la rebelión por parte del pueblo chileno oprimido” y cuestionó la decisión dejar a los militares a cargo del orden público, a quienes responsabiliza del “genocidio al pueblo mapuche y masacres a la clase trabajadora y los sectores populares organizados”. 
la Coordinadora Arauco Malleco hizo un llamado a levantar un nuevo proyecto de representación popular que "no caiga en las formas ya desgastadas de hacer política".

LA NUEVA CONSTITUCIÓN
El nuevo gobierno de Gabriel Boric, inició su administración asumiendo el problema Mapuche de manera displicente para propiciar el diálogo con las comunidades en lucha, hasta que convenientemente, un ataque a la ministra representante del gobierno en la zona en conflicto, provocó un cambio de estrategia, haciendo que las instituciones legislativas mantengan el Estado de Emergencia y la militarización de la zona Mapuche.
A pesar que la Convención Constitucional fue electa con paridad de género y con representación de los pueblos indígenas originarios, iniciando con Elisa Loncón en la presidencia y la declaración de organizar un Estado Plurinacional en su propuesta constitucional, la organización Mapuche se restó del proceso y en el primer aniversario del asesinato de Pablo Marchant, ocurrido en Carahue, el 2021 declaró que, la plurinacionalidad es una "aspiración vacía" y adjudicándose los últimos atentados en la región del Wallmapu, declaró que seguirá la lucha armada contra el Estado, aún aprobando la nueva Constitución, puesto que esta es "un asunto de los chilenos".
Finalmente, en medio de una virulenta campaña pleviscitaria, con llamados a la violencia de algunos sectores de la oligarquía financiera, empresarial del sector maderero, la agenda mediática retoma el conflicto con el arresto de Llaitul, provocando la renuncia de la Ministra Jeanette Vega y dejando al gobierno juvenil sin agenda propia, siguiendo la agenda marcada por la oposición derechista y neoliberal que apoyada por el "progresismo", no quiere cambiar nada del sistema decadente capitalista.