Las Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile:
El fracaso de las AFP que entregan pensiones indignas a las ancianas y ancianos jubilados
Introducción:
En Chile, el sistema de prevision social se basa en el modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el cual ha sido objeto de intensos debates y críticas en los últimos años.
A medida que la población envejece, surge una preocupación creciente sobre las pensiones indignas que reciben los ancianos y ancianas en el país. Este artículo examinará el fracaso del sistema de AFP y cómo ha contribuido a la crisis de las pensiones en Chile.
El modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones:
El sistema de AFP en Chile fue implementado en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su objetivo era reemplazar el antiguo sistema de reparto por un sistema de capitalización individual, en el que los trabajadores cotizan parte de su salario a una AFP, la cual invierte esos fondos en el mercado financiero para generar rentabilidad y, a su vez, financiar las futuras pensiones.
El fracaso de las AFP:
1. Bajas tasas de reemplazo: Uno de los principales problemas del sistema de AFP es la baja tasa de reemplazo, es decir, la proporción de ingreso que un trabajador recibirá como pensión en comparación con su salario durante la vida laboral.
En Chile, esta tasa es una de las más bajas de la OCDE, lo que significa que los pensionados reciben una fracción significativamente menor de sus ingresos previos, lo que dificulta una mejor calidad de vida durante la vejez.
2. Altos costos administrativos: Las AFP cobran altas comisiones por administrar los fondos de pensiones, lo que reduce aún más el monto final de las pensiones.
Estos costos administrativos han sido objeto de críticas generalizadas, ya que no se corresponden con los servicios proporcionados ni con los resultados obtenidos por las AFP. La modificación al sistema de fondos, hecha en el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, que permite al cotizante el desplazamiento entre los cinco fondos que determinan el nivel de riesgo, dejando a la administradora elegir donde invertir la cartera económica, privando al dueño de los fondos esa desición y cargándose a él, los costos y las perdidas de la mala inversión, sin derecho a compensación por la ineficiente administración, permite la especulación financiera y el manejo ineficiente en los fondos sin asumir las consecuencias de la mala inversión cobrando la AFP, íntegramente, el costo de administración, perjudicando solamente al propietario.
3. Volatilidad del mercado: El sistema de AFP está sujeto a las fluctuaciones del mercado financiero tanto nacional como internacional. Esto significa que los fondos de pensiones están expuestos a riesgos y a la volatilidad de los activos financieros, lo que puede resultar en pérdidas significativas solo para los afiliados en momentos de crisis económica.
Generalmente, es la administradora la que decide unilateralmente, las operaciones especulativas, que tienen un enfoque de inversión en el que el administrador decide comprar o vender acciones , divisas u otros activos , únicamente para obtener beneficios rápidos. Esta forma de inversión y manejo especulativo suele tener mayor riesgo de pérdida importante, sobre la mayor parte o la totalidad de la inversión, pero en el caso de las administradoras las perdidas son asumidas por el cotizante y la AFP aprovecha al máximo las fluctuaciones del mercado sin poner en riesgo su ganancia por administración.
4. Brechas de género: El sistema de AFP también ha exacerbado las brechas de género en las pensiones. Las mujeres, en promedio, reciben pensiones aún más bajas que los hombres debido a la interrupción de su carrera laboral para el cuidado de los hijos y la falta de empleos estables y bien remunerados.
Consecuencias de las pensiones indignas:
El sistema de AFP ha dejado a muchos ancianos y ancianas en una situación de vulnerabilidad y precariedad durante su vejez. Las pensiones indignas dificultan la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación, vivienda, salud y recreación. Muchos adultos mayores se ven obligados a seguir trabajando o depender de la ayuda de sus familias para sobrevivir.
Además, las pensiones indignas contribuyen a la creciente desigualdad social en Chile. Aquellos que no pueden permitirse complementar sus pensiones con ahorros adicionales se enfrentan a una vejez marcada por la pobreza, mientras que otros sectores más privilegiados pueden acceder a mejores condiciones de vida.
Conclusiones y propuestas de cambio:
Es evidente que el sistema de AFP en Chile ha fracasado en proporcionar pensiones dignas a los ancianos y ancianas. La baja tasa de reemplazo, los altos costos administrativos y la volatilidad del mercado son problemas estructurales que deben abordarse.
Para los empresarios y dueños de las AFP, la solución es una reforma sin que toque el sistema previsional privado, aplicando las modificaciones que les sigan beneficiando. Para ellos es necesario realizar reformas profundas solo para mejorar el sistema de pensiones en Chile y mantenerlo. Algunas propuestas incluyen aumentar las tasas de cotización, reducir los costos administrativos y establecer una pensión básica solidaria del Estado, que garantice un ingreso mínimo para todos los adultos mayores. Pero todo esto demuestra que la solución está más lejos de lo esperado.
La otra alternativa es buscar un nuevo sistema previsional solidario, que contemple variadas formas de administración de los recursos previsionales, tanto públicas como privadas, que obligatoriamente maneje un fondo de reparto y asegure el recurso económico de los cotizantes para garantizar una pensión digna a los jubilados y pensionados.
Además, se requiere una mayor participación y representación de la sociedad civil en la discusión y toma de decisiones sobre el sistema de pensiones. Es fundamental escuchar las voces de los afectados directamente por las pensiones indignas y trabajar en conjunto para encontrar soluciones justas y sostenibles.
La crisis de las pensiones indignas en Chile es un problema urgente que requiere atención y acción por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Garantizar una vejez digna para nuestros ancianos y ancianas, es un deber moral, un deber social y una responsabilidad colectiva... que no puede ser ignorada.
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