Un estado policial que no respeta libertades

Denuncia: "Chile es un estado policial que no respeta libertades”
escrito por Lucía Sepúlveda Ruiz
jueves, 07 de agosto de 2008
Santiago.-

El académico cristiano Hervi Lara, integrante del equipo ejecutivo de la Comisión Etica Contra la Tortura afirmó que en Chile se está viviendo la lógica de una "guerra preventiva" en la que los jóvenes que protestan por no tener futuro, los estudiantes que se oponen al lucro en la educación, los trabajadores que luchan por un salario digno y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales han sido declarados enemigos y son objeto de una brutal represión. Se está configurando, agregó, un estado policial similar al existente en tiempos de la dictadura militar.
La conferencia de prensa del organismo tuvo lugar en la mañana del 6 de agosto en la flamante sede de la Conferencia de Religiosos CONFERRE, de calle San Ignacio, en Santiago. La Comisión Etica Contra la Tortura, organismo integrado por personalidades de destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de derechos humanos, sostuvo que en el país están desapareciendo los indicadores de un sistema democrático: la libertad de expresión y reunión, el respeto a la integridad física y síquica y el respeto a la vida. Hechos recientes como la represión a los trabajadores del holding Santander Banefe, la expulsión de la estudiante María Música Sepúlveda de su liceo, los constantes casos de torturas y maltratos al pueblo mapuche, y la muerte de dos jóvenes de 26 años Matías Catrileo y Johnny Cariqueo como resultado de la violencia policial en el campo y la ciudad, se citan como fundamentos de esa afirmación.

La organización advierte que informará de estos hechos al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ya que Chile es signatario de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.Policía de mala calidadMonseñor Alfonso Baeza, actual vicepresidente de Cáritas y ex Vicario de la Pastoral Obrera, que integra la Comisión, denunció que en Chile la tortura se manifiesta a través de la violenta represión que se descarga "cada vez que trabajadores o estudiantes salen a la calle". El sacerdote sostuvo que hay una "mala calidad" de la policía, y reivindicó el uso de la calle como "el único lugar de expresión que tienen los más débiles", recordando que las movilizaciones sindicales de trabajadores de empresas como el Banco Santander, Telefónica y Copec no aparecen en la televisión que sólo informa de crímenes. Agregó además que las condiciones que se viven al interior de las cárceles son de gravísima violencia tanto para los gendarmes como para los presos.

El pastor luterano Helmuth Frenz por su parte, también miembro de la CECT, afirmó que el Estado de Chile y nuestra sociedad están enfermos, porque los mecanismos democráticos no funcionan. Dijo que para los gobernantes ha sido más fácil gobernar dentro de un sistema "casi dictatorial" y por eso han aceptado la herencia pinochetista. Frenz, uno de los fundadores del Comité Pro Paz, nacionalizado chileno por gracia como homenaje a su rol en la defensa de los derechos humanos en dictadura, aseguró: "La parte sana de la sociedad es la que protesta, es la juventud que reclama y el pueblo mapuche ". Deploró al mismo tiempo la criminalización de las demandas de los movimientos sociales. Demandó de las autoridades otro tipo de entrenamiento para los carabineros y reiteró que la calle "es nuestra, es de los ciudadanos libres".

Testimonio de la Hermana Cristina

En representación de la Conferencia de Religiosos, la Hermana Cristina Hoar, recordó los deberes que tienen los Estados respecto del cumplimiento de los Derechos Humanos, y citó párrafos marcados de la Constitución chilena sobre los derechos ciudadanos, interrogándose públicamente: "¿Qué informes hacen los países a Naciones Unidas? ¿Algunas mentiras más o la verdad?" Dio un emocionado testimonio de la represión vivida cuando caminaba junto a enfermeras en una marcha pacífica por sus derechos y fueron agredidas por un guanaco que lanzó agua tóxica, y llamó a respetar la dignidad y el valor de las personas, incluyendo a los más desfavorecidos, tales como los indígenas que vivían en estas tierras antes que llegaran los colonizadores. Citó palabras de Gandhi sobre el poder del dolor y concluyó clamando "bienaventurados los no violentos".

La periodista Lucía Sepúlveda se refirió a los montajes mediáticos y policiales que se utilizan para aplastar las luchas sociales, remitiéndose al informe elaborado por la Comisión sobre 55 casos de prisión política a luchadores mapuche en el período de la Presidenta Bachelet, en que se relata el abuso de medidas cautelares y prisión preventiva, y la práctica de allanamientos similares a los vividos en dictadura. Recordó la existencia de dos querellas por tortura: de Waikilaf Cadin, y de Elena Varela, condenada sin juicio a través de los medios, que aún permanece en prisión preventiva en una Cárcel de Alta Seguridad sometida a trato inhumano, cruel y degradante.Los derechos del Niño y Música.

El tratamiento dado por la prensa y televisión a la estudiante María Música Sepúlveda fue señalado como otra muestra de la desinformación. Los medios exaltaron una interpretación descontextualizada del episodio del jarro de agua lanzado contra la Ministra, ignorando la violenta agresión policial a que había sido sometida previamente la niña y que era precisamente lo que ella intentó explicar a la Ministra en el inexistente diálogo ciudadano al que fue convocada. También se rechazó la medida de expulsión de la estudiante en un proceso que no respetó los Derechos del Niño, y se hizo un llamado a la Ministra a retirar la demanda judicial entablada contra Música. Hervi Lara, parafraseando a Monseñor Romero, concluyó el encuentro con la prensa con un solemne llamado: "¡En nombre de Dios, paren la represión!"

Declaración

La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) manifiesta ante las autoridades y el país, su preocupación por el recrudecimiento de dos fenómenos íntimamente relacionados entre sí: la criminalización de la protesta social y la brutal represión de que esta misma protesta ha sido objeto. Observamos con particular asombro cómo se instalan en Chile mecanismos que obedecen a la lógica de la "guerra preventiva", la que -real o virtual- divide al mundo en enemigos y amigos. Al parecer, en nuestro país han sido declarados "enemigos" los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que se oponen a la mercantilización de la educación; los trabajadores sindicalizados que luchan por condiciones laborales dignas; y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales.

Lamentamos profundamente la lenta e inexorable desaparición en nuestro país de los indicadores de un sistema democrático: libertad de expresión y de reunión, libertad de asociación, respeto a la integridad física y psíquica, respeto a la vida. Ello se ha hecho patente cuando grupos sociales que se han movilizado exigiendo el respeto a derechos fundamentales, negados por el actual sistema económico, han recibido como respuesta REPRESION desde los aparatos del Estado, en lugar de la formulación de medidas correctivas que anulen la profunda injusticia social que motiva las protestas. De este modo, se suma a la violencia estructural que consagra la violación de derechos y oportunidades, la violencia policial que transgrede la normativa internacional de los derechos humanos. La Comisión Etica Contra la Tortura constata con asombro e indignación el incremento de casos de aplicación de tortura y malos tratos, llegando a configurarse un estado policial similar al existente durante la dictadura militar.

A modo de ejemplo, citaremos sólo algunos graves hechos ocurridos en el último tiempo, todos silenciados por los medios de comunicación que, de ese modo, se hacen cómplices de la política represiva:

1. Los trabajadores del holding Santander Banefe en huelga legal han sido constantemente reprimidos. El 4 de julio recién pasado, el dirigente de la Confederación de Trabajadores Bancarios Marcelo Rojas fue secuestrado por los guardias de la empresa, quienes le propinaron una brutal golpiza, produciéndole un traumatismo encéfalo craneano. La dirigente sindical Andrea Riquelme recibió golpes de parte de Carabineros, perdiendo el conocimiento, por lo que debió ser trasladada a la Posta Central.

2. La estudiante de 14 años, María Música Sepúlveda, que lanzó agua a la Ministra de Educación ha sido públicamente condenada por dicho acto, a tal punto de ser expulsada de su liceo, sin haber tenido posibilidad de alguna instancia de apelación. Sin embargo, no se ha publicitado que ella ha sido detenida y vejada en reiteradas oportunidades por Carabineros de Chile. Se ha silenciado que en su última detención –que es anterior al episodio del lanzamiento de agua- cuando Carabineros llegó a desalojar a los alumnos que tenían ocupado el liceo Darío Salas, Música fue golpeada y arrastrada por el suelo a manos de al menos seis carabineros, quedando con hematomas en la cara y diversas partes del cuerpo.

3. En cuanto al pueblo mapuche, los casos de torturas y maltratos denunciados en el último tiempo van en aumento permanente. El día 1º de julio recién pasado fue detenido el estudiante José Ancalao en la ciudad de Temuco, luego de participar en una marcha pacífica en rechazo a la Ley General de Educación. Junto a un grupo de 17 universitarios, el joven mapuche fue introducido en un bus de Carabineros de Fuerzas Especiales, donde fue obligado a arrodillarse. Ante la negativa de Ancalao de someterse a esta humillación, el personal de Carabineros lo redujo a golpes de pies y puños, dirigiendo sus golpes principalmente a las zonas de cráneo y espalda, mientras se le mantenía sostenido por el cabello y se le insultaba haciendo alusión directa a su origen mapuche. Es de público conocimiento que la CECT ha documentado, recientemente, 55 casos de prisión política y maltrato a miembros de la etnia mapuche ocurridos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Es por todo lo anterior que exigimos de la autoridad un ALTO A LA REPRESIÓN, así como también exigimos investigación de las acciones violentas realizadas por agentes del Estado, las que no sólo han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, sino que, al menos en dos casos durante el año en curso, han tenido resultado de muerte: el 3 de enero Matías Catrileo murió por un impacto de bala de Carabineros en Vilcún y Johnny Cariqueo que perdió la vida luego de ser torturado por Carabineros en Pudahuel el día 1º de abril.

Hacemos un llamamiento a las autoridades políticas, jurídicas y legislativas: es necesario hacer un ALTO a esta situación. La sociedad no puede aceptar la impunidad de hechos que, de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos, constituyen crímenes de lesa humanidad. Chile es país suscriptor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por lo que para la CECT constituye un deber no sólo denunciar estos hechos al interior del país, sino informar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre la prevalencia de este flagelo.

CLARÍN.CL